El marco normativo de los acuerdos colectivos no cubre las expectativas negociales de los empleados públicos sindicalizados

Con este artículo se pretende demostrar que los acuerdos colectivos tienen demasiadas restricciones de orden constitucional y legal para garantizar la participación activa de los empleados públicos en sus condiciones de trabajo. Para ello, se trae a colación la definición constitucional del concepto...

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Main Author: León Castaño, Silvio
Format: Article
Language:Spanish
Published: 2018
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Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6808315
Source:Inciso, ISSN 1794-1598, Vol. 20, Nº. 2, 2018 (Ejemplar dedicado a: Inciso), pags. 56-74
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dialnet-ar-18-ART0001312891
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dialnet-ar-18-ART00013128912019-02-19El marco normativo de los acuerdos colectivos no cubre las expectativas negociales de los empleados públicos sindicalizadosLeón Castaño, SilvioAcuerdo colectivoconvención colectivaconstitucionalidadestímulos para el empleado públicoCollective agreementcollective conventionconstitutionalityincentives for public employeesCon este artículo se pretende demostrar que los acuerdos colectivos tienen demasiadas restricciones de orden constitucional y legal para garantizar la participación activa de los empleados públicos en sus condiciones de trabajo. Para ello, se trae a colación la definición constitucional del concepto de negociación colectiva, los contenidos de los convenios 151 y 154 de la OIT, y diferentes sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que tienden a mantener esas limitantes negociales. Como premisa fáctica se describe el contenido de las condiciones de empleo confeccionadas unilateralmente por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y las interpretaciones restrictivas que hacen las altas cortes y la función pública al régimen de estímulos e incentivos.  This article aims to demonstrate that collective agreements have too many constitutional and legal restrictions to guarantee the active participation of state employees in their working conditions. To this purpose, there are mentioned the constitutional definition of the concept of collective bargaining, the contents of ILO conventions 151 and 154, and different judgments of the Constitutional Court and the Council of State, which tend to maintain these negotiating limitations. As a factual premise, there are described the content of employment conditions unilaterally prepared by the Attorney General’s Office and the Ministry of Foreign Affairs, and the restrictive interpretations made by the high courts and the public function to the regime of incentives.2018text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6808315(Revista) ISSN 2346-0792(Revista) ISSN 1794-1598Inciso, ISSN 1794-1598, Vol. 20, Nº. 2, 2018 (Ejemplar dedicado a: Inciso), pags. 56-74spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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Con este artículo se pretende demostrar que los acuerdos colectivos tienen demasiadas restricciones de orden constitucional y legal para garantizar la participación activa de los empleados públicos en sus condiciones de trabajo. Para ello, se trae a colación la definición constitucional del concepto de negociación colectiva, los contenidos de los convenios 151 y 154 de la OIT, y diferentes sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que tienden a mantener esas limitantes negociales. Como premisa fáctica se describe el contenido de las condiciones de empleo confeccionadas unilateralmente por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y las interpretaciones restrictivas que hacen las altas cortes y la función pública al régimen de estímulos e incentivos.  
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