La reciente jurisprudencia sobre la obligación de utilizar medios electrónicos en las relaciones administrativas

Las personas físicas no tienen, en principio, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas. Para imponerles esta obligación la Ley 39/2015 exige en su art. 14.3 la intermediación de un reglamento, habiéndose planteado la duda de si este ha de ser necesariamente un...

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Autor principal: Sánchez Lamelas, Ana
Formato: Artículo
Idioma:Castellano
Publicado: 2023
Materias:
Acceso en línea:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8902261
Fuente:Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 220, 2023, pags. 183-217
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dialnet-ar-18-ART00015932352023-04-25La reciente jurisprudencia sobre la obligación de utilizar medios electrónicos en las relaciones administrativasSánchez Lamelas, AnaDeber de relacionarse electrónicamente con las Administracionesremisión de la ley al reglamentoactos plúrimosDuty to interact electronically with administrationsreferral from the law to the regulationsmultiple actsLas personas físicas no tienen, en principio, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas. Para imponerles esta obligación la Ley 39/2015 exige en su art. 14.3 la intermediación de un reglamento, habiéndose planteado la duda de si este ha de ser necesariamente un Real Decreto o si también puede ser una Orden Ministerial. Este trabajo analiza críticamente las dudas interpretativas que ha generado esta regulación y la respuesta que ha dado el TS en sus recientes pronunciamientos. La trascendencia de las últimas sentencias del TS sobre este precepto no debe ocultar, sin embargo, que los legisladores han creado al margen de la legislación de procedimiento común una diversidad de regímenes especiales que dan lugar, a su vez, a una diversidad de garantías en defensa de los derechos de los ciudadanos afectados.Individuals do not have, in principle, the obligation to relate electronically with the Public Administrations. In order to impose this obligation on them, Law 39/2015 requires in its article 14.3 the intermediation of a regulation, having raised the doubt whether this must necessarily be a Royal Decree or whether it can also be a Ministerial Order. This paper critically analyzes the interpretative doubts that this regulation has generated and the response given by the SC in its recent pronouncements. The transcendence of the latest SC rulings on this precept should not hide, however, that legislators have created, outside the common procedural legislation, a diversity of special regimes that give rise, in turn, to a diversity of guarantees in defense of the rights of the affected citizens.2023text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8902261(Revista) ISSN 0034-7639Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 220, 2023, pags. 183-217spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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Las personas físicas no tienen, en principio, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas. Para imponerles esta obligación la Ley 39/2015 exige en su art. 14.3 la intermediación de un reglamento, habiéndose planteado la duda de si este ha de ser necesariamente un Real Decreto o si también puede ser una Orden Ministerial. Este trabajo analiza críticamente las dudas interpretativas que ha generado esta regulación y la respuesta que ha dado el TS en sus recientes pronunciamientos. La trascendencia de las últimas sentencias del TS sobre este precepto no debe ocultar, sin embargo, que los legisladores han creado al margen de la legislación de procedimiento común una diversidad de regímenes especiales que dan lugar, a su vez, a una diversidad de garantías en defensa de los derechos de los ciudadanos afectados.
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