La razonabilidad –entre otras cuestiones- como presupuesto cardinal de la ética en la Administración Pública

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dialnet-ar-18-ART00013690052020-03-19La razonabilidad –entre otras cuestiones- como presupuesto cardinal de la ética en la Administración PúblicaAntik, AnalíaPensar en la ética en la Administración Pública, no debe limitarnos sólo a sus aspectos formales –como las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios, la no intervención en determinados asuntos por incompatibilidad funcional, el desempeño en un marco jurídico transparente, etcétera-, sino que debiera hacernos reflexionar sobre el aspecto menos apreciado por los funcionarios actuantes, cual es el marco de razonabilidad que debe gobernar todo su accionar. Lejos de posturas que abrevan en la idea de que el funcionario de turno o superior de planta puede hacer lo que le plazca bajo el argumento de la satisfacción del interés público, lo cierto es que el concepto de ‘buena administración’ –entendido como un derecho fundamental del ciudadano- desafía a entender al Derecho Administrativo -en el marco de un Estado social y democrático de Derecho-, como el Derecho del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos, la regulación racional de los intereses generales de acuerdo con la justicia, un ordenamiento jurídico en el que las categorías e instituciones han de estar, como bien sabemos, orientadas al servicio objetivo del interés general. Atrás quedaron, afortunadamente, consideraciones y exposiciones basadas en la idea de la autoridad o el poder como esquemas unitarios desde los que plantear el sentido y la funcionalidad del Derecho Administrativo (Rodríguez-Arana Muñoz, 2014). Bajo este paradigma, la razonabilidad despunta como límite a la actuación de la Administración Pública -máxime en el ejercicio de facultades discrecionales-, enderezado a la realización de valores éticos muy concretos y normativizados, como se desarrollará a continuación.2019text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7286133(Revista) ISSN 1850-0722Cartapacio de Derecho: Revista Virtual de la Facultad de Derecho, ISSN 1850-0722, Nº. 36, 2019spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI

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Pensar en la ética en la Administración Pública, no debe limitarnos sólo a sus aspectos formales –como las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios, la no intervención en determinados asuntos por incompatibilidad funcional, el desempeño en un marco jurídico transparente, etcétera-, sino que debiera hacernos reflexionar sobre el aspecto menos apreciado por los funcionarios actuantes, cual es el marco de razonabilidad que debe gobernar todo su accionar. Lejos de posturas que abrevan en la idea de que el funcionario de turno o superior de planta puede hacer lo que le plazca bajo el argumento de la satisfacción del interés público, lo cierto es que el concepto de ‘buena administración’ –entendido como un derecho fundamental del ciudadano- desafía a entender al Derecho Administrativo -en el marco de un Estado social y democrático de Derecho-, como el Derecho del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos, la regulación racional de los intereses generales de acuerdo con la justicia, un ordenamiento jurídico en el que las categorías e instituciones han de estar, como bien sabemos, orientadas al servicio objetivo del interés general. Atrás quedaron, afortunadamente, consideraciones y exposiciones basadas en la idea de la autoridad o el poder como esquemas unitarios desde los que plantear el sentido y la funcionalidad del Derecho Administrativo (Rodríguez-Arana Muñoz, 2014). Bajo este paradigma, la razonabilidad despunta como límite a la actuación de la Administración Pública -máxime en el ejercicio de facultades discrecionales-, enderezado a la realización de valores éticos muy concretos y normativizados, como se desarrollará a continuación.

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Antik, Analía

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La razonabilidad –entre otras cuestiones- como presupuesto cardinal de la ética en la Administración Pública

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