El principio de legalidad: una necesaria restricción a la aplicación de la doctrina de los actos propios en la contratación estatal
La jurisprudencia nacional ha aplicado la regla “contra factum proprium quis venire non potest”, en el ámbito de la contratación estatal, con fundamento en el principio de la buena fe. Esta regla dio lugar a la formulación del principio de la confianza legítima para dotar de eficacia jurídica a aque...
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| Format: | Article |
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| Published: |
2016
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| Online Access: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5640680 |
| Source: | Revista Digital de Derecho Administrativo, ISSN 2145-2946, Nº. 15, 2016 (Ejemplar dedicado a: Enero-Junio), pags. 267-272 |
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dialnet-ar-18-ART0001028694
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dialnet-ar-18-ART00010286942019-02-26El principio de legalidad: una necesaria restricción a la aplicación de la doctrina de los actos propios en la contratación estatalTorres Acosta, Alexandracontrato estatalvalidez de los actos unilaterales de la Administraciónprincipio de legalidadprincipio de la buena feconfianza legítimadoctrina de los actos propiosLa jurisprudencia nacional ha aplicado la regla “contra factum proprium quis venire non potest”, en el ámbito de la contratación estatal, con fundamento en el principio de la buena fe. Esta regla dio lugar a la formulación del principio de la confianza legítima para dotar de eficacia jurídica a aquellas situaciones en las cuales un sujeto de buena fe creyó estar bajo el amparo y protección del Estado. No obstante, estas importantes aplicaciones de la buena fe quedan en discusión cuando se advierte comprometida la validez del contrato estatal. Para garantizar la eficacia de las normas imperativas que rigen la configuración del contrato estatal debe primar el principio de legalidad y, en consecuencia, restringirse la aplicación del principio de confianza legítima que en condiciones normales le impediría a la Administración ir en contra de sus propios actos2016text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5640680(Revista) ISSN 2145-2946Revista Digital de Derecho Administrativo, ISSN 2145-2946, Nº. 15, 2016 (Ejemplar dedicado a: Enero-Junio), pags. 267-272spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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La jurisprudencia nacional ha aplicado la regla “contra factum proprium quis venire non potest”, en el ámbito de la contratación estatal, con fundamento en el principio de la buena fe. Esta regla dio lugar a la formulación del principio de la confianza legítima para dotar de eficacia jurídica a aquellas situaciones en las cuales un sujeto de buena fe creyó estar bajo el amparo y protección del Estado. No obstante, estas importantes aplicaciones de la buena fe quedan en discusión cuando se advierte comprometida la validez del contrato estatal. Para garantizar la eficacia de las normas imperativas que rigen la configuración del contrato estatal debe primar el principio de legalidad y, en consecuencia, restringirse la aplicación del principio de confianza legítima que en condiciones normales le impediría a la Administración ir en contra de sus propios actos
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