Un modelo para la acreditación de los sistemas ODR en la Unión Europea

Este artículo se centra en una propuesta para impulsar el desarrollo de los ODR en la UE con el objetivo de contribuir al desarrollo del mercado interno. En este artículo se sugiere que el crecimiento de los ODR está estancado debido a varios aspectos, tales como el desconocimiento de los ODR entre...

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Detalles bibliográficos
Autor principal: Cortés, Pablo
Formato: Artículo
Idioma:Múltiple
Publicado: Universitat Oberta de Catalunya 2010
Materias:
ADR
ODR
Acceso en línea:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3431570
Fuente:IDP: revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política, ISSN 1699-8154, Nº. 10, 2010 (Ejemplar dedicado a: Justicia relacional y métodos electrónicos de resolución (ODR): hacia una armonización técnica y legal)
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Sumario: Este artículo se centra en una propuesta para impulsar el desarrollo de los ODR en la UE con el objetivo de contribuir al desarrollo del mercado interno. En este artículo se sugiere que el crecimiento de los ODR está estancado debido a varios aspectos, tales como el desconocimiento de los ODR entre los litigantes, la falta de legitimidad de los proveedores de ODR y la escasez de financiación pública, entre otros. La meta en este artículo es plantear la creación de una regulación europea para la acreditación de los ODR que se centren en la resolución de controversias entre consumidores y empresas. La regulación propuesta crearía estándares legales para los ODR acreditados que emitan decisiones ejecutables y para aquellos cuya participación en el proceso en línea sea obligatoria. La base de esta regulación se consolidaría a partir de las provisiones procesales existentes incluidas en el marco comunitario, al igual que las mejores prácticas y códigos de conducta desarrollados por organismos internacionales. La regulación crearía una marca de confianza europea que se otorgaría a aquellos proveedores ODR que cumplan sus disposiciones legales. El cumplimiento de la normativa sería controlado por organismos nacionales y comunitarios, por medio de los centros europeos de consumo.