La distribución de competencias entre el estado y las comunidades autónomas en materia de energías renovables

El presente trabajo tiene por objeto analizar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de energías renovables. Partiendo de la delimitación competencial prevista en la legislación estatal, en la primera parte del trabajo se describe el reparto de las com...

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Main Author: Bacigalupo Saggese, Mariano
Format: Article
Language:Spanish
Published: Generalitat de Catalunya: Institut d'Estudis Autonòmics 2010
Subjects:
Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3210450
Source:Revista d'estudis autonòmics i federals, ISSN 1886-2632, Nº. 10, 2010, pags. 286-329
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Summary: El presente trabajo tiene por objeto analizar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de energías renovables. Partiendo de la delimitación competencial prevista en la legislación estatal, en la primera parte del trabajo se describe el reparto de las competencias referidas a la producción de energía eléctrica en régimen especial. En la segunda parte se examina una serie de supuestos prácticos que permiten conocer algunos problemas de actualidad. El primero se refiere al derecho de acceso de los productores en régimen especial a las redes de distribución y, en particular, a cómo algunos procedimientos autonómicos pueden afectar al ejercicio de tal derecho, de competencia estatal. También se analiza el caso de ciertos concursos autonómicos de adjudicación de potencia eólica que utilizan mecanismos de dudosa compatibilidad con el orden de distribución de competencias y algunos de los principios sustantivos que informan la regulación vigente del sector energético. A propósito de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (STC 136/2009), se examina también la distribución competencial en materia de subvenciones a las energías renovables. Finalmente, se abordan otras dos cuestiones controvertidas: la inspección de plantas fotovoltaicas a través de la Comisión Nacional de Energía, y la creación del llamado Registro de preasignación de retribución.