La reclamación en España de la indemnización de los particulares por violación del Derecho de la Unión Europea
En la Unión Europea el Tribunal de Justicia ha desarrollado en poco más de tres lustros una jurisprudencia cada vez más detallada y precisa sobre el derecho de indemnización de los particulares por responsabilidad de las autoridades nacionales que hayan violado el Derecho comunitario. Se trata de un...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Ministerio de Justicia
2007
|
Online Access: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2478017 |
Source: | Boletín del Ministerio de Justicia, ISSN 0211-4267, Año 61, Nº 2048, 2007, pags. 3995-4030 |
Tags: |
Add Tag
No Tags: Be the first to tag this record
|
Summary: |
En la Unión Europea el Tribunal de Justicia ha desarrollado en poco
más de tres lustros una jurisprudencia cada vez más detallada y precisa
sobre el derecho de indemnización de los particulares por responsabilidad
de las autoridades nacionales que hayan violado el Derecho comunitario.
Se trata de una jurisprudencia que completa los principios estructurales
del Derecho de la Unión: el efecto directo y la primacía como se
deduce de los grandes hitos: Francovich, Brasserie du pêcheur o Köbler y
que, a su vez, da sentido a otros procedimientos como el que termina
declarando judicialmente el incumplimiento de las obligaciones comunitarias
europeas por los Estados miembros, por las autoridades nacionales.
Por eso y después de recordar los presupuestos para que surja el derecho
de indemnización así como el alcance de los principios de
efectividad y de equivalencia que deben ser respetados por los Derechos
nacionales, se examinan a la luz del Derecho español los procedimientos
administrativos y las vías jurisdiccionales para reclamar la indemnización
por responsabilidad de las autoridades españolas, sean legisladores -las
Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos o los Gobiernos de la
Nación y autonómicos en ejercicio de poderes normativos-, administraciones
-centrales, autonómicas o locales, y los organismos vinculados-,
o jueces, que vulneren el Derecho comunitario europeo. Los criterios
elaborados en la Audiencia Nacional y, sobre todo, la jurisprudencia reiterada
por el Tribunal Supremo, en especial a partir de su sentencia
de 12 de junio de 2003 -que constata la responsabilidad de la Administración
General del Estado por daños causados a Canal Satélite Digital en
violación del Derecho europeo y le reconoce una cuantiosa indemnización
de más de 26 millones de euros-, resultan, en este sentido, ejemplares. |
---|