¿Un sistema con vocación de reforma?: La Ley de responsabilidad penal de los menores

Cuando en el año 2000 se publicó la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se presentó como el texto definitivo que habría de devolver la estabilidad al ámbito de la política criminal española de jóvenes y menores. Sin embargo, cuando está a punto de acabar...

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Detalles bibliográficos
Autores principales: Fernández Molina, Esther, Rechea Alberola, Cristina
Formato: Artículo
Idioma:Castellano
Publicado: Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) 2006
Materias:
Acceso en línea:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2477659
Fuente:Revista Española de Investigación Criminológica: REIC, ISSN 1696-9219, Nº. 4, 2006
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Sumario: Cuando en el año 2000 se publicó la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se presentó como el texto definitivo que habría de devolver la estabilidad al ámbito de la política criminal española de jóvenes y menores. Sin embargo, cuando está a punto de acabar el año en el que se celebran los cinco años de vigencia de la Ley, se ultima la que es ya la cuarta reforma que el sistema de justicia de menores español ha sufrido desde entonces. Tal y como se pone de manifiesto en este artículo, aunque los datos oficiales sobre delincuencia juvenil no evidencian un aumento significativo de las cifras, el legislador, tal y como ha declarado en el Proyecto de Ley, sí lo cree y con la intención de frenar ese aumento ha previsto modificaciones legislativas. Esos cambios han supuesto la adopción de nuevos criterios para la aplicación de las medidas y la incorporación definitiva de la víctima a un sistema que debería estar presidido exclusivamente por el interés del menor. Por otra parte, los resultados de la aplicación práctica de la Ley presentados en este artículo permiten concluir que las tendencias están cambiando y que la práctica judicial durante estos cinco años ha acabado contaminándose del clima más punitivo que parece prevalecer en toda la política criminal del país.