La participación de los ciudadanos en la vida pública española
La participación está dirigida a influir en los titulares de poder institucionalizado para conservar o modificar la estructura de intereses existentes. La inserción de elementos participativos en los procesos de decisión estatales es tan vieja como el mismo Estado, pero con el nacimiento del constit...
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Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad de La Rioja: Departamento de Derecho
2003
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Online Access: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=624692 |
Source: | Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR, ISSN 1695-078X, Nº. 1, 2003, pags. 119-128 |
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dialnet-ar-18-ART0000015077
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dialnet-ar-18-ART00000150772019-10-16La participación de los ciudadanos en la vida pública españolaChueca Rodríguez, Ricardo LuisLa participación está dirigida a influir en los titulares de poder institucionalizado para conservar o modificar la estructura de intereses existentes. La inserción de elementos participativos en los procesos de decisión estatales es tan vieja como el mismo Estado, pero con el nacimiento del constitucionalismo la participación forma parte de la misma esencia del modelo de sistema político y se convierte en un deber jurídico fijado en la norma constitucional. En el Estado representativo las decisiones se toman a través de representantes o a través de la participación directa, siendo el ámbito de mayor participación el de la vida local. Hoy la participación no es sólo una forma de repercutir sobre los órganos de decisión política, sino una actividad especialmente demandada por los órganos de decisión, y debe articularse como una estructura participativa formalizada y apoyada por recursos públicos que equilibren las tensiones entre representación y participación.Universidad de La Rioja: Departamento de Derecho2003text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=624692(Revista) ISSN 1695-078XRevista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR, ISSN 1695-078X, Nº. 1, 2003, pags. 119-128spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
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La participación está dirigida a influir en los titulares de poder institucionalizado para conservar o modificar la estructura de intereses existentes. La inserción de elementos participativos en los procesos de decisión estatales es tan vieja como el mismo Estado, pero con el nacimiento del constitucionalismo la participación forma parte de la misma esencia del modelo de sistema político y se convierte en un deber jurídico fijado en la norma constitucional. En el Estado representativo las decisiones se toman a través de representantes o a través de la participación directa, siendo el ámbito de mayor participación el de la vida local. Hoy la participación no es sólo una forma de repercutir sobre los órganos de decisión política, sino una actividad especialmente demandada por los órganos de decisión, y debe articularse como una estructura participativa formalizada y apoyada por recursos públicos que equilibren las tensiones entre representación y participación.
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